Málaga 8 OCT 2008
El caso del presunto desvío para enriquecimiento personal de algunos
de sus dirigentes del dinero de ayudas y subvenciones públicas recibidas
por la Federación Andaluza de Asociaciones Romaníes (FARA) ha quedado
sustanciado sólo como un asunto de amenazas y coacciones contra el que
fuera consejero de Asuntos Sociales Isaías Pérez Saldaña. La sentencia
hecha pública ayer por la Audiencia Provincial de Málaga sólo condena a
cuatro de las 13 personas contra las que el fiscal formuló acusación y
absuelve a todos ellos de los delitos de apropiación indebida y blanqueo
de capitales "como consecuencia de la falta de prueba derivada de la
anulación de las intervenciones telefónicas".
La condena más importante es para el ex presidente de la FARA,
Vicente Rodríguez Arribas, a quien se le han impuesto 33 meses de
prisión por un delito de amenazas y otro de coacciones. El ex presidente
de la Asociación Pro Derechos de los Gitanos y Gitanas (Prodegi) José
Maldonado Sandoval ha sido condenado a 15 meses de prisión por amenazas.
Ambas condenas se refieren a la intimidación realizada sobre el ex
concejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, cuando a comienzos
de 1999 éste decidió suspender las subvenciones públicas a la
organización de ayuda al pueblo gitano tras tener conocimiento de que la
nueva cúpula directiva se había hecho con las riendas de FARA de forma
violenta. En el juicio celebrado hace cuatro meses, Pérez Saldaña relató
un robo sufrido en su domicilio en el que sus autores parecieron tener
más bien una intención de aviso, al dejar esparcidas sobre una cama las
joyas que había en la vivienda. También dijo haber recibido llamadas
telefónicas intimidatorias, en una de ellas se le advertía de que
"tuviera cuidado" con las decisiones que tomaba sobre FARA.
El fiscal llegó a acusar a los procesados de apropiarse de 1,2
millones de euros de las subvenciones públicas mediante una trama de
facturas falsas, recibos duplicados o traspasos de dinero y pidió penas
que sumaban 88 años de cárcel para 13 de los 15 procesados. Pero la
principal prueba incriminatoria, las escuchas telefónicas, fueron
anuladas por la Audiencia de Málaga. Las penas impuestas a los cuatro
condenados sólo suman siete años.
Además de las condenas por amenazas y coacciones, la sentencia impone
18 meses de prisión a Raimond Hilu Ibrahim y Valeriano García García
por falsedad en documento mercantil.
Pese a no determinar condena por la apropiación indebida, la sala ha
dispuesto que se comunique la sentencia a los organismos que
subvencionaron a FARA "a fin de que, en su caso, puedan adoptar o instar
ante quien corresponda las medidas de aseguramiento reales a fin de
asegurar la devolución de los importes no justificados".
